El 18 de octubre de 2019 y en el reciente plebiscito, Chile expresó no solo su descontento con la actual Constitución, sino también con las condiciones en las cuales desarrolla su vida gran parte de sus ciudadanos y ciudadanas. Significó un despertar y una reconexión a las aspiraciones y sueños concebidos durante la lucha contra la dictadura cívico–militar, a la superación de su modelo de desarrollo y sus disposiciones políticas y jurídicas, deseos frustrados y, muchas veces, desacreditados por la élite gobernante en estos últimos treinta
años.

Es justamente esa crítica profunda al modelo de desarrollo y sus efectos la que explica la necesidad de cambiar la propia Constitución, entendiendo que este logro constituye el primer desafío de un largo proceso de esfuerzo y perseverancia orientado a alcanzar la meta de una existencia digna, contrariando así los intereses minoritarios destinados a mantener la actual situación.

A partir de ese rotundo resultado nos preguntamos cuáles son nuestros anhelos, qué tipo de sociedad deseamos para el Chile que viene. Es ese criterio, entonces, el que determina qué deberá contener la Nueva Constitución al momento de ser promulgada. Es sabido que no será la Constitución la que solucione los problemas acuciantes que tiene la sociedad chilena, pero será un poderoso faro para construir el futuro de nuestro país en el mediano y largo plazo.

Así las cosas, anhelamos que ese Chile del futuro se encuentre regido por un estado social y democrático de derechos donde imperen tolerancia, pluralismo, solidaridad, multiculturalidad y justicia social y se reconozca su plurinacionalidad; un lugar donde la dignidad del ser humano sea respetada en toda su diversidad de género, étnica y religiosa; donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño sean parte integrante del diseño y ejecución de las políticas públicas.

Aspiramos a que sea el Estado el que garantice el goce y brinde los servicios de salud, educación, previsión y desarrollo cultural y científico, respetando el carácter plurinacional de Chile y la multiculturalidad de los pueblos que habitan en el territorio. Exigencia inherente a ello será considerar la existencia y validez de todos los tipos de propiedad (mixta, cooperativa, estatal, privada, entre otras) aunque con preeminencia del Estado en la generación de bienes y servicios públicos, al igual que la superación del principio de subsidiariedad en relación con la iniciativa empresarial pública, especialmente en áreas de ciencia, innovación y recursos estratégicos.

Pensamos que este nuevo Chile deberá asegurar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y deberá ser el propio Estado el que vele por su protección. Un país en el que los bienes naturales que se encuentran dentro del territorio nacional (especialmente agua, biósfera, minerales, recursos del mar) sean propiedad del Estado, es decir, en ningún caso podrán ser vendidos, enajenados, dados en comodato o consignación, administrados por organismos privados con fines de lucro que lesionen o perjudiquen la sustentabilidad y riqueza natural.

Aspiramos a que ese Chile del futuro sea un país donde la ciudadanía ejerza en plenitud su derecho a elegir democráticamente a las autoridades establecidas en los más variados ámbitos en los cuales se organiza el Estado, factor que no deberá estar constreñido a los actuales cargos de elección popular (Presidente de la República, congresistas, alcaldes, concejales, entre otras), sino también considerar a otras autoridades actualmente existentes a nivel regional en diversas instituciones tales como Fiscalía Nacional, Defensa Penal Pública, Contraloría General de la República, Defensoría de la Niñez y jueces de policía local, entre otros. Consiguientemente, aspiramos a que se consideren fuertes componentes de participación ciudadana en la designación a nivel nacional de las altas autoridades antes mencionadas, incluido el Poder Judicial y las diversas agencias e  instituciones de gestión económica. Estimamos que no hay argumento válido o complejidad temática que imposibilite la participación ciudadana en este campo.

En coherencia con lo expuesto, proponemos la incorporación de mecanismos que permitan un control ciudadano permanente de la actividad desarrollada por las autoridades electas, que derive en la revocación de dicha autoridad en caso de incumplir gravemente los compromisos asumidos en su programa de trabajo.

Enfatizamos que la participación ciudadana se debe expresar en el derecho a presentar proyectos de ley originados desde la propia ciudadanía y que los proyectos de ley que exijan un cuórum mayor que el cuórum simple (50% + 1) sean plebiscitados una vez aprobados por el Congreso Nacional.

Aspiramos a superar el concepto de participación ciudadana –entendida como la mera votación en los procesos electorales– incorporándola a los ámbitos de planificación social y económica a través de consejos de desarrollo social y económico comunales, de tal modo de permitir que el ciudadano común y las organizaciones de la sociedad civil participen de estos aspectos relevantes en la vida comunitaria.

Creemos que darle un nuevo enfoque a la matriz productiva de nuestro país es un objetivo factible de alcanzar. Por ello, soñamos que en Chile se desarrollen tecnologías de punta, metodologías de optimización, innovaciones para una industria 4.0, para lo cual se deberán dar debates participativos sobre el futuro del empleo y la respectiva  reorganización social que implicará la pronta invasión de la robótica, la inteligencia artificial y otras dentro de nuestro quehacer productivo y cotidiano.

Dicho lo anterior, procedemos a detallar los principales aspectos de esta profunda aspiración y ensueño. Esperamos que las presentes líneas maestras sirvan para fomentar la discusión democrática a partir de las ideas y enriquezcan el horizonte cultural de otros colectivos y organizaciones interesadas en lograr que, por fin, la dignidad se haga costumbre en nuestro país.